Una ONG denunció penalmente por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que concedió la cautelar solicitada por activistas anti-derechos para suspender en la provincia la aplicación de la la Ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La presentación se realizó en Resistencia, ante la fiscalía de turno, ante la cual Teresa Bosio, en tanto presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reclamó que se habilite la feria porque la cautelar concedida en Chaco reviste "gravedad institucional", detalló una de las abogadas involucradas en la redacción de la denuncia. Por el tipo penal, a Aucar le podría caber una sentencia que implique, además de multa, inhablitación. 

En tanto, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, reafirmó que en la provincia se cumplirá con la norma que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y lo dijo de manera taxativa: "la ley se tiene que aplicar". Recién poco antes del mediodía del viernes el gobierno provincial fue notificado de la resolución, que ayer circuló profusamente por vías informales.