Proyecto para prohibir que bienes públicos lleven nombres de políticos fallecidos en los últimos 100 años

Política y Ciudadanía 31 de agosto de 2021 Por El Diario Visión
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Diputados del Pro presentaron un proyecto para prohibir que los bienes del estado lleven el nombre de expresidentes, gobernadores, intendentes, legisladores nacionales, provinciales y municipales fallecidos en los últimos 100 años. Además, plantean que estos bienes no pueden contener apodos o alguna referencia a un partido o figura política. 

El proyecto, que mañana tomará estado parlamentario, generó mucha polémica debido a que también solicita que se modifiquen los nombres de los bienes estatales que ya fueron nombrados y que no cumplan con esta nueva imposición. Así, por ejemplo, todo aquel bien estatal que lleve el nombre de Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Arnoldo Castillo, Eva Perón, Juan Domingo Perón, entre tantos otros, deberán ser renombrados en el plazo de 60 días. 


La iniciativa la tomó el diputado Diego Figueroa, quien, entre sus fundamentos, señalan que teniendo en cuenta que los bienes del estado le pertenecen a toda la sociedad y no deberían ser utilizados con fines políticos: "Este  Proyecto de Ley tiene por objeto impedir la utilización de nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios, agrupaciones o partidos políticos en vehículos oficiales, maquinarias, carteles de obra y edificios públicos.

Que es necesario que quede explícitamente prohibida la utilización de los bienes del Estado, pagados con dinero de todos los contribuyentes, en la rotulación publicitaria de nombres propios en carteles de obra pública o vehículos, como ambulancias, camiones de agua o unidades de traslado de personas.

Que los bienes públicos pertenecen al Estado, y no a los funcionarios ni al partido gobernante, de lo que deriva que éstos no pueden hacer un uso privado de aquello que es patrimonio común de toda la sociedad. El objetivo de este proyecto es acabar con las prácticas antidemocráticas como el culto a la personalidad, la acción pública guiada por la idolatría política, la confusión permanente entre Estado y gobernantes, la promoción sistemática de los funcionarios públicos a través de la abundante publicidad oficial y el uso impúdico de los bienes y recursos públicos con fines privados".


Tras estos fundamentos, el proyecto establece: 

ARTICULO 1°: Prohíbase la denominación de bienes muebles e inmuebles de dominio público del estado con nombres propios de ex presidentes, gobernadores, intendentes y legisladores nacionales, provinciales y municipales fallecidos en los últimos 100 años a contar retroactivamente desde la fecha de publicación del presente proyecto. Asimismo, se impida la utilización de nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios, agrupaciones o partidos políticos en vehículos oficiales, maquinarias, edificios públicos, carteles en obra y las finalizadas.

ARTICULO 2º: Sustitúyase el nombrede los bienes de dominio público y privado del eestado que se encuentran denominados con nombres propios de ex presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores nacionales, provinciales y municipales fallecidos en los últimos 100 años en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.

ARTICULO 3º: En aquellos casos en los cuales actualmente exista o haya indicios de publicidad política en bienes públicos, se le dará un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la presente para su eliminación.

ARTICULO 4º: Que las placas y signos conmemorativos que en cualquier oportunidad se coloquen en las obras públicas ejecutadas por la provincia y/o sus municipios, organismos centralizados, descentralizados y empresas de su propiedad cualesquiera fuera su naturaleza jurídica, deberán limitarse a indicar la denominación de la obra, fecha de su finalización, designación de las reparticiones y empresas del estado que han intervenido en su ejecución y todo otro dat  de naturaleza objetiva vinculado con las características de la obra y adecuado a la inscripción de que se trate, quedando prohibido
“consignar en las placas y signos conmemorativos los nombres propios de los funcionarios públicos, políticos o técnicos, que hayan estado vinculados en cualquier carácter con la realización de las obras de que se trate”. En aquellas placas que adolecen de esta publicidad política, se le otorga al organismo correspondiente un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente para su eliminación.

El Diario Visión

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