El municipio planteó la ilegalidad del paro y pidió sanciones

Política y Ciudadanía 30 de septiembre de 2021 Por El Diario Visión
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La Municipalidad de la Capital solicitó que se declare ilegal el paro que lleva adelante el SOEM y que el gremio sea sancionado, en notas que elevó a la delegación local del  Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Dirección de Inspección Laboral.

El secretario de Gobierno de la comuna, Fernando Monguillot, fundó sus planteos en los bloqueos que el gremio hace en lugares de trabajo para impedir el ingreso de quienes no quieren plegarse a la medida de fuerza, la improcedencia del reclamo del SOEM para que sean desplazados tres funcionarios municipales y, sobre todo, el incumplimiento de la ordenanza que declaró "servicio esencial" la recolección de residuos.

El tercer día de protesta del SOEM estuvo signado por la tensión en los bloqueos, que estuvieron a punto de degenerar en violencia y demandaron la intervención de la policía. La jornada comenzó con un incidente en la esquina de Florida e Hipólito Yrigoyen cuando la policía arrestó a un empleado municipal que se negaba a levantar parte del corte de calle en esa esquina para aliviar el tránsito. 

Ante la situación los municipales abandonaron la protesta frente al Palacio Municipal y se trasladaron al centro para reclamar por la libertad del agente. "No había intención de manifestarnos de esta forma, queríamos manifestarnos en el Palacio Municipal, ellos nos obligaron a esto por la represión a los compañeros", manifestó Pablo Puentes, quien estaba en uno de los cortes en Rivadavia y Salta.

Otro de los puntos de la protesta se instaló en Sarmiento entre Mate de Luna y Mota Botello, y era fogoneado por Eugenia Varela. Desde ahí caminaron hasta la plaza 25 de Mayo. Luego, el secretario general Walter Arévalo se movilizó por calle Maipú hasta la Comisaría Segunda para reclamar por la libertad del agente arrestado.  Tras el reclamo y la libertad del agente regresaron hasta el Palacio Municipal. 

En declaraciones a Radio Ancasti, el jefe de Policía, Ángel Agüero se refirió al incidente que encendió el conflicto: "Se realizó un arresto de acuerdo a las facultades que tenemos como Policía para el mantenimiento del orden . Necesitábamos garantizar el tránsito por esta arteria (Florida), garantizar el acceso de empleados, funcionarios y público en general que necesite ingresar a dependencias municipales. La mayor cantidad de los ciudadanos acataron la disposición, con excepción de un ciudadano de apellido Ayala, quien incentivaba a la violencia y a que se produzcan agresiones. Se produjo el arresto, fue trasladado a la Comisaría Segunda, se cumplieron todos los procedimientos y al constatar que se interrumpió la falta que había dispuesto su arresto se dispuso la liberación", aseguró. 

Agüero señaló que la política de la institución será garantizar que los agentes municipales pueden ejercer su derecho de protesta, pero que también se respete el derecho de circulación. 
"El jefe de Policía es un delincuente y me hago cargo de lo que digo", vociferó Arévalo. 
"Arévalo puede decir cualquier cosa, todos los procedimientos lo hacemos dentro del marco legal y así garantizar los derechos de todos los ciudadanos para transitar y realizar estos trámites. Esto afecta a miles de ciudadanos y la policía no puede tener una actitud pasiva", retrucó Agüero. 

 Pedidos 

Tras el caos, el municipio recurrió a distintos organismos para solicitar alguna sanción para la entidad gremial. En ese marco envió notas a la delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a la Dirección Provincial de Inspección Laboral para solicitar sanciones para el sindicato que aglutina a los empleados municipales.   

En representación del municipio, el secretario de Gobierno y Coordinación Fernando Monguillot, le pidió al Ministerio de Trabajo de la Nación “hacer cesar los actos ilícitos que está llevando a cabo el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos, con imposición de los apercibimientos o sanciones que correspondan”. En otra nota, dirigida al director de Inspección Laboral, Diego Romero, el municipio le solicitó que imponga sanciones y declare la ilegalidad de las medidas de fuerza.

El Diario Visión

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