Denuncia en la Corte por el conflicto en el CD de Los Altos

El viernes último, al finalizar la feria judicial, el concejal de Los Altos, Rodrigo Reynoso, realizó una presentación ante la Corte de Justicia para solicitar la invalidez de la sesión en la que el concejal Carlos Olveira volvió a ocupar la banca y la presidencia del cuerpo. También realizó otra presentación ante el procurador general de la Corte, Tristán Lobo, para reclamar por la falta de respuesta de los fiscales de turno frente a las denuncias realizadas. Reynoso tomó una serie de medidas mientras espera que la Justicia determine la legalidad de la sesión del pasado 17 de enero.

Rodrigo Reynoso había sido electo presidente del cuerpo en diciembre del año pasado. Responde al intendente Raúl Barot. Sin embargo, el 17 de enero tres concejales convocaron a una sesión y votaron el regreso de Carlos Olveira- que había sido expulsado- y además volvió a la presidencia del cuerpo.

El viernes pasado, Reynoso tomó una batería de medidas para reclamar su posición. A primera hora se presentó en la Corte para solicitar que declare la nulidad de la sesión del 17 de enero "cuando actuó una minoría del cuerpo legislativo, en una maniobra absolutamente ilegal y de la cual se desprende numerosos ilícitos penales", relató.

Al relatar los hechos, recordó que el 28 de septiembre del año pasado se produjo la expulsión de Carlos Olveira, a pedido de la concejal Nora Fernández, quien lo había denunciado por actos de violencia contra ella y sus hijas. La expulsión se realizó por cuatro votos.

Reynoso plantea que la sesión del 17 de enero estuvo plagada de irregularidades. Menciona, por ejemplo, que nunca se notificó a la totalidad del cuerpo y tampoco a las autoridades del Concejo, como el secretario parlamentario.

Además, advierte que el concejal Francisco Carrizo, quien había ingresado en lugar de Olveira, tendría que haber renunciado antes de que asuma de nuevo el titular de la misma banca, Carlos Olveira. "Se cayó en la incongruencia de tener a dos personas en la misma banca porque para que asuma Olveira debió existir previamente la banca a su disposición", argumenta. Reynoso solicita una medida cautelar por la que se suspenda lo decidido en la sesión del 17 de enero, "ante las fragantes violaciones a normas legales".

Luego, realizó una presentación ante el procurador Tristán Lobo en la que expresa la preocupación por la "lentitud del proceder de la Fiscalía que durante el turno del mes de enero, ante delitos de gravedad institucional, no estuvo a la altura de las circunstancias".

En este sentido reseña que se presentaron varias denuncias por "la usurpación del inmueble del Concejo por parte de un exconcejal y un grupo de personas; la adulteración de documentos y la usurpación de cargos. Llegando inclusive este autor del hecho a pretender asumir la intendencia ante la licencia del intendente. Esto último se evitó por una aparente orden judicial de la que nunca se me informó nada", indica.

Luego añade que el Concejo tiene una consigna policial y el 1º de febrero debía funcionar al cesar la feria administrativa, pero alega que de la "Justicia penal no se obtuvo nada con la gravedad institucional que genera en el municipio".

Por otra parte, el mismo viernes el edil notificó al intendente Raúl Barot una serie de medidas administrativas para garantizar que continúa en la conducción del CD. En primer lugar informó que la polémica sesión del Concejo fue judicializada. Además, envió otra nota por la que se suspende toda actividad administrativa y legislativa del Concejo Deliberante, pero se garantiza el pago de haberes a empleados y funcionarios. En esta línea se negó que corra riesgo la liquidación de sueldos.

"Los perpetradores de esos ilícitos no van a lograr que ningún órgano del Estado les reconozca legalidad ni legitimidad por la violación al sistema legal", fundamentó.