EL GOBIERNO ECHÓ A OTROS 500 EMPLEADOS Y AVANZA CON NUEVOS RECORTES

El plan de ajuste del presidente Javier Milei sigue en marcha con la implementación de la llamada Motosierra 2.0, que en esta ocasión ha alcanzado a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, organismo que dependía del Ministerio de Economía.

La disolución de esta dependencia fue oficializada a través de la resolución 150 publicada en el Boletín Oficial, lo que resultó en el despido de 500 empleados. La medida forma parte de la estrategia gubernamental de reducción del gasto público, con el objetivo de disminuir el déficit fiscal y generar ahorros en el presupuesto estatal.

Ahorro fiscal y eliminación del Plan Procrear

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó a través de sus redes sociales que, con la eliminación de esta secretaría y la desvinculación de sus empleados, el Estado logrará un ahorro anual de $6500 millones. Según sus declaraciones, el sueldo promedio de estos trabajadores era de $1 millón por mes.

Esta decisión va en línea con los recortes previos ejecutados en 2023, cuando el Gobierno eliminó el financiamiento de los programas de vivienda y disolvió el Plan Procrear, junto con el fondo fiduciario que lo respaldaba.

Además, Sturzenegger adelantó que en las próximas semanas se procederá a la desvinculación de auditores contratados por la Secretaría de Hábitat a través de universidades nacionales.

"La racionalización del gasto público es fundamental para poder bajar impuestos y devolverle capacidad de gasto al sector privado", enfatizó el ministro en su publicación.

Más de 37.000 despidos estatales en 2024

Desde el inicio del mandato de Javier Milei, el ajuste en el sector público ha sido una constante. Según datos oficiales, en lo que va del 2024 ya se han registrado 37.595 despidos en el Estado, distribuidos de la siguiente manera:

• 22.302 despidos en la Administración Centralizada y Descentralizada.
  
• 12.410 despidos en empresas estatales.
  
• 2.883 despidos en el área de seguridad y fuerzas militares.

El Gobierno defiende estos recortes con el argumento de que permiten reducir el gasto sin comprometer el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en una reducción de impuestos para los ciudadanos y las empresas.

Desregulación del Estado: Cambios en la contratación de obras públicas

El plan de desregulación estatal continúa con la modificación del régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional (APN). A través del Decreto 105, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la unificación de los sistemas de inscripción para la contratación de obras públicas.

Entre los cambios más importantes, el Ejecutivo ordenó la eliminación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Estos organismos eran responsables de calificar, capacitar y regular la contratación de empresas para proyectos estatales.

La medida, impulsada por Sturzenegger, busca:

• Reducir la burocracia en la contratación de empresas de construcción.
  
• Simplificar los procesos administrativos para el sector privado.
  
• Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.
  
• Según el Gobierno, estos cambios permitirán que más empresas privadas puedan competir en licitaciones estatales, reduciendo costos y agilizando la ejecución de proyectos de infraestructura.

Un Estado más chico, pero con resistencia social

Las decisiones de ajuste implementadas por la administración de Milei han generado un fuerte impacto en el empleo público y en sectores vinculados a la obra pública y la vivienda. Aunque el Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan mejorar la eficiencia del Estado y reducir impuestos, la eliminación de programas como el Plan Procrear y la desvinculación de miles de empleados han generado incertidumbre en diversos sectores de la sociedad.

A medida que el Gobierno continúa avanzando con su agenda de desregulación y recorte del gasto público, las reacciones sindicales y políticas podrían intensificarse, con posibles conflictos en el ámbito laboral y social. El futuro de la gestión dependerá de si estos ajustes logran traducirse en una recuperación económica tangible o si, por el contrario, profundizan la crisis en el corto plazo.