Fuerte rechazo de distintas organizaciones por el veto del Ejecutivo al inciso Aybar

La decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley conocida como” inciso Aybar” generó una fuerte polémica. Se trata de la iniciativa que se convirtió en ley en julio de este año y por la que se modificó la ley Orgánica de Municipalidades. Por esa modificación se incluyó la figura de la suspensión y destitución de un intendente o concejal ante una condena y se la hizo retroactiva a enero de 2020 con la intención de que quede comprendido en esa normativa el ex intendente de la Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, que había sido condenado en agosto de 2020, pero había quedado en libertad y volvía a ejercer funciones en el municipio. 

El Poder Ejecutivo vetó la iniciativa al considerar que la modificación realizada no cumple con las condiciones que garantice el principio de inocencia previsto por la Constitución Nacional y Provincial. Ahora la iniciativa volverá con sus observaciones a la Cámara de Diputados; ésta lo discutirá de nuevo y, si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasará otra vez a la cámara de revisión, es decir a la Cámara de Senadores. 

La respuesta del Ejecutivo generó una fuerte reacción de las organizaciones de mujeres que acompañaron todo el proceso de la condena al exintendente y también que la condena quede firme para que Aybar sea detenido. 

La precandidata a diputada nacional por la línea "Adelante Catamarca", Patricia Breppe consideró que es una medida "absolutamente inconveniente", ya que según expresó, más allá de lo jurídico, "se le sigue otorgando impunidad a todos los delitos dolosos que tienen una condena penal y que son cometidos por Concejales e Intendentes en ejercicio de sus funciones".

"Frente a la sociedad estamos dando una señal y mensaje muy grave", dijo Breppe tras preguntarse" qué mensaje transmitimos a la juventud, niños , mujeres, y a toda nuestra sociedad si no generamos leyes que den respuestas y propicien que personas que aún cometiendo delitos confirmados por la Justicia, sigan siendo representantes”.

"Con este veto, tendríamos que entender que el exintendente Enrique Aybar de Puerta del Corral Quemado, que fue condenado por abuso agravado por guarda, podría seguir en el ejercicio de sus funciones", lamentó Breppe.

La coordinadora del Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Moisés Lebensohn a nivel nacional, Vilma Chayle, expresó que "aún cuando los fundamentos se encuentran dentro del marco constitucional, en la práctica, es seguir poniendo en riesgo la seguridad no sólo de una mujer sino de toda la ciudadanía".

"Estos atropellos generan impotencia" apuntó la dirigente al tiempo de agregar que "este veto es una puñalada para cada denunciante que se anima a hablar, y una burla constante a la lucha de miles de mujeres". 

A través de un documento, el grupo de mujeres de la UCR, Ramonas Atrevidas, señaló: “ Quienes acompañamos a las sobrevivientes y pedimos justicia, pensamos que la ley venia a reparar acciones hacia ellas, pero lamentablemente el andamiaje del paradigma patriarcal hizo que lo que parecía un avance en materia de derechos, tuviera un gran retroceso”.

El espacio repudió la decisión del Ejecutivo e instó a la sociedad en su conjunto a expresarse. "Es menester que exijamos al estado tener personas probas, idóneas y sin condenas en la justicia como representantes en los gobiernos provincial, municipal como así también representantes en las cámaras de diputados, senadores y concejales en general", indicaron.

El grupo de Eulalias, Comunicadoras Feministas exigió al Estado algún tipo de respuesta a las víctimas frente a los abusos que se cometen desde el poder. En este marco advirtieron que la Justicia tiene pendiente de resolver las denuncias por abuso contra el intendente Elpidio Guaráz, otra contra el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Daniel Zelaya y una por violencia de género contra el presidente del Concejo Deliberante de Icaño, Franco Carletta. 

"Consideramos que la norma, que tuvo la intención de subsanar el vacío legal que permitía que en Catamarca un intendente condenado por abuso sexual agravado cometido, además, en el marco de sus funciones continuara en el cargo, sólo fue un parche del Poder Legislativo que no acompañó la gravedad de la situación que fue la revictimización de una niña y de todo un pueblo y la vergüenza de mantener en el ejercicio del poder a un abusador sexual condenado", expresaron.

Inciso Aybar: "es una ley que viola el principio de inocencia"