Inciso Aybar: "es una ley que viola el principio de inocencia"

Tras las repercusiones por la decisión del Gobierno de vetar la modificación a la ley de municipios que incorporaba el "inciso Aybar", el asesor general de Gobierno, Fernando Ávila, explicó que la medida se tomó por considerar que se vulneraba el principio constitucional de inocencia, consideró que la ley "abría una puerta al lawfare" en Catamarca, y opinó que es necesario apostar a los discursos que visibilizan estos problemas. "Hoy la sociedad sabe un caso como el de Aybar tiene consecuencias", expresó.

Para el asesor técnico del Ejecutivo, la ley que aprobó la Legislatura "es un intento loable para solucionar un problema preocupante, pero hay que buscar otros mecanismos". "En el fondo recortan las garantías del principio de inocencia". "Está bien que la gente se sienta movilizada por esta situación, pero también es cierto que el caso de (el intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, no pasó inadvertido. No creo que el recorte de garantías sea la forma de cambiar estas cosas, sino que hace falta un cambio cultural. Y con esto no hay que interpretar que se trata de una posición para proteger a 'los Aybar'. Hoy existe un proceso de cambio cultural muy evidente en este tipo de procesos que se evidencian en el caso de Aybar: queda una sensibilidad social, se generó un alerta también en la política, y hoy la sociedad sabe que estas cosas no son gratuitas, sino que tienen consecuencias", opinó.

Ávila consideró que "hay una subestimación de la posibilidad de la población para generar ruido ante estos hechos", y aseguró que promulgar la ley tal como estaba "abría un capítulo para este debate nacional que hay sobre el lawfare, o la injerencia de la Justicia en los mecanismos políticos".

"Acá se está violando el principio de inocencia. El inciso permitía suspender a un intendente aún cuando una condena no estuviera firme. Creo que ninguna de estas cuestiones se pueden resolver con leyes que restrinjan derechos o aumenten punitividad en términos generales. Hay que apostar fuertemente a los discursos que visibilizan y exponen estos temas, y hacen que estas causas no pasen inadvertidas", consideró.

En esa línea, opinó que el Ejecutivo "tiene que encauzar las transformaciones sociales a largo plazo". "Esto no quiere decir que no habrá más casos similares, sino que hará que este tipo de casos produzcan efectos dominó muy fuertes", explicó.

Estos argumentos habían sido expuestos en el decreto con el cual el gobernador Raúl Jalil decidió vetar la ley que había sido sancionada en el Senado el 8 de julio de este año.

"No se encuentran las condiciones que garanticen el principio de inocencia el cual se encuentra previsto en la Constitución Nacional y Provincial conjuntamente con los tratados internacionales de los Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución y que cuentan con  jerarquía constitucional de la reforma constitucional del año 1994", se expidió la Asesoría en su dictamen.

"La presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de 'no autor del delito' en tanto no se expida una resolución judicial firme", se agregó en el decreto nº1489/21.