Escándalo en Salta: Imputaron a 10 funcionarios por cobrar el IFE

Se trata de siete concejales y tres gerentes de Anses. Se suman a los 18 que ya fueron acusados. Descartan que se trate de una asociación ilícita.

“Se han cumplido dos etapas. Se ha agregado una tercera de funcionarios del Pami que cobraban el beneficio. Comenzamos a trabajar con 53 sospechosos y se aumentó a 57. Ahora hay 28 personas que tienen formalizada la investigación”, dijo a Cadena 3 el fiscal de la causa, Ricardo Toranzos.

Según explicó el fiscal, el resto de personas que estaban señaladas continúan siendo investigadas y se trata de “reconstruir el viaje desde la solicitud hasta el Anses”“Cada uno de los casos son autónomos. Los tres funcionarios de Pami que fueron imputados ahora habrían ingresado a la entidad a principio de año. Hay otras investigaciones en Jujuy, Chaco y otras provincias”, agregó.

Los concejales imputados son:

1) Antonio Omar Benítez de Colonia Santa Rosa.
2) Héctor Sebastián Cari de Guachipas
3) Daniel Ignacio Casimiro de La Poma
4) Mónica Visitación Juárez de Rivadavia Banda Sur
5) José Osvaldo Reynaga de San Lorenzo
6) Ariel Santos Palma de Rivadavia Banda Norte
7) Julio Pedro Laxi de Animana

Se trabó embargo por $60 mil a quienes cobraron el beneficio, en este caso Cari y Juárez, mientras que para el resto se fijó en la suma de $20 mil.

Los tres integrantes del PAMI imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público son: Emilia Juárez (titular del Centro de Atención Personalizada que el PAMI en El Carril) , Viviana Beatriz Fernández (titular de la Agencia PAMI en Orán) y Javier Navarreta (titular del Centro de Atención Personalizada de PAMI en Embarcación).

La acusación no fue controvertida por las defensas de los acusados. La documentación bancaria respalda el cobro del IFE.

El juez dispuso 60 días hábiles para seguir con las actuaciones, los investigados deben presentarse cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, con el compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país.